La gestión del lobo continúa inmersa en un escenario jurídico y administrativo complejo. Aunque desde 2025 el lobo al norte del Duero dejó de integrarse en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, ello no ha supuesto una habilitación automática ni indiscriminada para realizar capturas. La aplicación de las medidas de control sigue condicionada por la normativa de conservación y por la jurisprudencia, particularmente en relación con la acreditación del estado de conservación de la especie.
El artículo refleja cómo las comunidades autónomas han adoptado respuestas distintas: Asturias y Cantabria han aprobado planes con cupos de extracción; Galicia mantiene las capturas paralizadas cautelarmente; y Castilla y León no ha incorporado todavía al lobo a sus planes de gestión. El núcleo de la controversia reside en la necesidad de contar con censos fiables y actualizados y en la determinación de si la población se encuentra en un estado de conservación favorable, cuestión estrechamente ligada al informe que debe remitirse a la Comisión Europea.
En este contexto, resulta especialmente relevante la aportación de Jorge Bernad, socio director del despacho y director del Departamento Jurídico de Fundación Artemisan. Su intervención pone el acento en que las comunidades autónomas pueden autorizar controles poblacionales, pero siempre sobre una base técnica sólida que acredite ese estado favorable de conservación. El debate, por tanto, trasciende la mera posibilidad legal de controlar la especie: exige decisiones proporcionadas, datos rigurosos y una coordinación institucional que permita compatibilizar la protección de la biodiversidad con la defensa efectiva de la ganadería extensiva y del medio rural.
El progresivo aumento en los daños a la ganadería en todas las Comunidades Autónomas donde existen poblaciones de lobo hace necesario adoptar medidas para controlar la especie. Desde la Fundación Artemisan siempre se ha considerado que esos controles deben ser realizados por los cazadores, dando un valor añadido a la especie que de otra forma se está despreciando. No tiene ningún sentido tener que pagar a agentes forestales o personal contratado para que haga un control de las poblaciones de lobo , cuando hay muchos cazadores, tanto nacionales como extranjeros que pagarían importantes sumas de dinero por conseguir abatir un ejemplar de esta especie.