También están los que han hecho del furtivismo un negocio, acompañando a «clientes» a cazar en terrenos ajenos. Llevan sus propias armas, en la mayoría de los casos sin documentar, que dejan escondidas en el campo, y el cliente lo único que hace es acompañar a estas personas y disparar
El furtivismo sobre especies cinegéticas está en claro aumento en nuestro país. Todas las semanas nos encontramos con la noticia de nuevos casos de furtivos que han sido detenidos en diferentes lugares de nuestra geografía. En unos casos cazando machos monteses en la reserva de Gredos, en otros capturando perdices vivas con redes para su posterior venta, o cazando corzos por la noche con aparatos de visión nocturna o incluso entrando de día en finca ajena para intentar matar el mejor ciervo que tenían previamente localizado.
Desde la Fundación Artemisan nos estamos personando como acusación en varios de estos casos, y ante nuestra sorpresa hemos podido comprobar que muchos de los furtivos son reincidentes y habían sido condenados con anterioridad por los mismos hechos, aunque en diferentes lugares. Parece evidente que si no tienen problema en reincidir es porque no han escarmentado con su anterior condena y, por lo tanto, hay algo que no se está haciendo bien.
Hoy en día ya no existe la figura del furtivo tradicional que salía a cazar para proveer de alimento a su familia o para obtener unos pequeños ingresos con la venta de la carne de los animales que cazaba. El furtivo actual tiene un perfil muy distinto, en la mayoría de los casos son personas jóvenes con un nivel económico medio-alto y su meta se centra en el trofeo, buscando los de mejor calidad y abandonando la carne en el campo. Para conseguir su objetivo utilizan todo tipo de avances tecnológicos tales como visores de visión nocturna, visores térmicos o silenciadores, además de emisoras con las que pueden interceptar las comunicaciones de la guardería de la finca o incluso las de la Guardia Civil o agentes forestales. En la mayoría de los casos actúan en grupos perfectamente coordinados y si es necesario no dudan en amenazar con sus armas o embestir con sus vehículos a los que se interponen en su camino. También están los que han hecho del furtivismo un negocio, acompañando a «clientes» a cazar en terrenos ajenos. Llevan sus propias armas, en la mayoría de los casos sin documentar, que dejan escondidas en el campo, y el cliente lo único que hace es acompañar a estas personas y disparar sobre la pieza que le indican. Tras pagar el precio acordado, siempre inferior al que habitualmente se paga por cazar esa especie, a los pocos días recibe el trofeo en su casa, que colgará muy orgulloso en la pared presumiendo de su hazaña.
Se trata de verdaderos grupos delictivos organizados que ocasionan graves perjuicios medioambientales y económicos no solo a fincas privadas, sino también en reservas de caza, términos municipales, cotos de sociedades locales etc. cuyos responsables ven cómo el trabajo y los recursos invertidos durante años en conseguir una buena gestión cinegética se pierde en pocas horas.
Lamentablemente en nuestro Código Penal este tipo de conductas son consideradas como delitos menores y en muchas ocasiones meras infracciones administrativas. Son muy pocos los casos en los que un furtivo ha entrado en la cárcel. Es difícil comprender porqué al que roba por ejemplo una vaca o un caballo, puede ir a la cárcel, y, en cambio, el que mata una especie cinegética en finca ajena, solo será sancionado con una multa, máxime cuando el precio de una vaca o de un caballo es por regla general es muy inferior al de la especie cinegética.
Para combatir el furtivismo es necesaria una reforma legislativa que endurezca las penas y una unificación de criterios entre las Audiencias Provinciales, ya que no tiene sentido que en unas el furtivismo sea considerado como un delito, mientras que en otras solo se sancione como infracción administrativa con una pequeña multa y una retirada temporal de la licencia de caza. Además, es necesaria una mayor dotación de medios, recursos y agentes especializados en investigar y procesar estas conductas ilícitas, proporcionando a las fiscalías de medio ambiente de los medios necesarios para que puedan actuar en todos los procedimientos, no solo en el juicio, sino también en la fase de instrucción con la promoción de la acción penal. Por último, es necesario que los propietarios afectados y las distintas administraciones se personen como acusación particular en los casos en los que el asunto llega a los juzgados. Sin esta acusación es muy difícil que el asunto prospere y se obtenga una condena.
El furtivismo debe atacarse con la máxima dureza, que no es otra que la vía penal. Así ocurre en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno, que no solo condenan al furtivo a penas de cárcel, sino que además le hacen merecedor de un reproche social que lamentablemente aún no tienen en nuestro país. Somos los cazadores los que debemos posicionarnos claramente contra estos delincuentes que tanto daño hacen a nuestro colectivo. Solo así se conseguirá acabar con ellos.
Artículo extraído del periódico ELDEBATE y redactado por D. Jorge Bernad Danzberger.