El Despacho Bernad Abogados & Asociados ha vuelto a ayudar a los ganaderos a reclamar los daños causados por ataques de fauna protegida a ganado vivo. Esta vez ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León abra camino para que se reconozca a los buitres como los causantes de ataques al ganado, y reconozca el derecho del ganadero afectado a ser indemnizado por ello.
Así, en la sentencia número 817 de 29 de junio de 2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede Valladolid), la Sala da por validos los argumentos del ganadero que culpaba a los buitres de la pérdida de varias cabezas de ganado, apoyando su reclamación en las actas firmadas por los agentes medioambientales. En concreto la Sentencia dice:
“Así pues y teniendo en cuenta las alegaciones y documentación de la reclamación inicial y la documentación que la acompaña, que es la misma que ahora aporta (informe pericial ya referido y actas de los agentes medio ambientales), lo procedente hubiese sido comprobar las conclusiones que como hipótesis planteaban los agentes medio ambientales y recabar los informes oportunos que pudiesen arrojar luz sobre los ataques de buitres a los animales vivos, máxime cuando para la misma explotación ya se admitió en el procedimiento ordinario ya referido (nº 765/2018) estos ataques.
Pero nada de esto se ha hecho, hasta el punto que lo que se impugna es una resolución presunta.
Como conclusión para el caso que nos ocupa, valorando lo actuado en el expediente administrativo, así como las pruebas practicadas en su conjunto y con arreglo a las normas de la sana crítica y teniendo en cuenta lo expuesto, debemos dar por probado los ataques de los buitres.”
La Sala finalmente falla en favor de la ganadería demandante, condenando a la Junta de Castilla y León a indemnizar por los daños causados por los buitres y, además, al pago de las costas procesales.
Los daños que ocasionan las especies protegidas a las ganaderías deben ser indemnizados por las Administraciones competentes, sin que el ganadero afectado deba asumir estos daños, cuando por imperativo legal no pueda hacer nada para evitarlos.
