La titular del Juzgado de Instrucción n° 3 de Móstoles ha dictado un auto, de fecha 25 de octubre de 2023, por el que se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa 2020/2021 contra un total de 23 personas acusadas de un delito contra la protección de la flora, fauna y animales silvestres (furtivismo) y otro de falsedad documental.
Entre los investigados se encontraban personajes conocidos del mundo ganadero, cinegético y empresarial, entre otros el marqués de Valdueza, doña Beatriz Fernández de Córdoba y don Juan José Franco Suelves.
Las diligencias previas se iniciaron en virtud de un atestado instruido por dos agentes del Seprona de Ávila, quienes, tras realizar una inspección en una taxidermia de Madrid, consideraron que los cazadores que habían llevado allí sus trofeos formaban parte de una red organizada de furtivos y falsificadores de pre cintos de caza, que llamaron Operación Roebuck.
Fueron ellos mismos los encargados de dar publicidad al asunto, llegando incluso a convocar una rueda de prensa informando a los medios, alguno de los cuales publicó en ese momento que «los implicados abatieron decenas de corzos, machos monteses, ciervos y otras especies de gran valor natural sin disponer de las licencias públicas necesarias para ello. Además, habrían manipulado los precintos de control cinegético para blanquear las capturas y que los trofeos pudiesen colgar en las paredes sin levantar sospechas».
El juzgado, tras la declaración de los investigados y la realización de distintas pruebas tanto testificales como periciales y la ratificación de los agentes denunciantes, dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento respecto de todos los investigados menos uno de ellos, al que solo se acusa de tenencia ilícita de un ave exótica.
Fueron dos años en los que los investigados tuvieron que soportar mucho por una denuncia sin fundamento, que ha tenido además un elevado coste en medios materiales y humanos, tanto para el juzga do que instruyó la causa como para los propios investigados.
En este sentido, es preciso recordar que una de las consecuencias más importantes que tiene el inicio de un procedimiento penal es la llamada ‘pena de banquillo que afecta no solo al acusado sino también al simple investigado -antes imputado- en una investigación. El fenómeno originado hace que se convierta en culpable a una persona en el momento mismo en que surgen sospechas de la comisión de un delito, sin tener en cuenta que nadie es culpable hasta que no se dicte una resolución firme. Las redes sociales y algunos medios de comunicación contribuyeron en este caso a magnificar el asunto, haciendo juicios paralelos contra alguno de los investigados, a los que llegaron a acusar de furtivos y falsificadores de documentos públicos.
Tras el archivo de la causa, muchos se preguntan si los superiores jerárquicos de los denunciantes tomarán las medidas que procedan contra ellos y, también, si los medios que acusaron injustamente a los investigados decidirán ahora, vista la resolución de la causa, publicar la noticia de su archivo.
Artículo escrito por Jorge Bernad Danzberger y extraído del periódico ABC del día 6 de noviembre de 2023.
