- Se trata de un precedente judicial trascendental que tendrá importantísimas repercusiones, sobre todo en los particulares afectados por la implantación de este tipo de espacios, ya que la gran mayoría de los planes de gestión aprobados en nuestro país no han sido debidamente publicados por las administraciones competentes.
- Esta falta de publicación tendrá efectos inmediatos en relación con los usos y actividades incompatibles en las zonas recogidas en dichos planes de gestión, así como en cuanto a la inaplicabilidad del régimen sancionador por el incumplimiento de limitaciones o restricciones establecidas en los mismos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Supremo dictó la Sentencia por la que desestimaba el Recurso de Casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de esta región que declaraba la anulabilidad de una Orden por la que se aprobaban los planes de gestión de diversas ZEC, entre los que se encontraba uno que afectaba a la finca privada “Cantarrana”, ubicada en la provincia de Córdoba.
En dicha resolución, nuestro Alto Tribunal confirma la sentencia de instancia, concluyendo el carácter normativo de los planes de gestión y, por ende, la obligación de que dichas disposiciones de carácter general sean publicadas íntegramente en el Diario Oficial. “Tal forma de publicación, por su alcance y contenido, no puede equipararse ni entenderse satisfecha en sus efectos por la remisión a la publicidad entre otros medios, de acceso distinto e indirecto por parte de los destinatarios y afectados por la disposición”, señala el Alto Tribunal.
En la práctica, esta sentencia puede tener unos efectos muy relevantes, por ejemplo, en relación con propietarios de fincas privadas que hayan sido sancionados o se les haya limitado sus derechos en base al contenido de planes de gestión no publicados.
De este modo, el Tribunal Supremo recoge una reivindicación que desde hace años llevaban instando muchos propietarios de fincas o titulares de derechos afectados.
La defensa de este procedimiento ha sido asumida por el despacho Bernad Abogados y Asociados, especializado en esta materia.
