El próximo sábado, 5 de diciembre, entrará en vigor la prohibición de cazar en los Parques Nacionales. La Ley 30/2014 acabará-después de seis años de inacción por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico- con el modelo de explotación tradicional que ha dado buenos resultados en la preservación del equilibrio medioambiental.
La incertidumbre se cierne sobre los propios Parques y el equilibrio de estos ecosistemas únicos, sobre los propietarios de fincas privadas englobados en estas reservas y sobre una España rural cada vez más amenazada, a la que se priva de un recurso necesario para su supervivencia.
Cuatro son los parques de los quince existentes, que sufrirán de manera especial este lance de la Administración-Picos de Europa (Cordillera Cantábrica), Guadarrama (Madrid y Castilla y León), y especialmente Monfragüe (Extremadura) y Cabañeros (Castilla La Mancha)-, que ha puesto en pie de guerra a toda la sociedad civil relacionada de un modo u otro con el arte de la cinegética. Una actividad que según el informe elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan mueve anualmente en España 5.470 millones de euros.
José María Gallardo, Presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedex-caza), opina que esta Ley “responde a criterios ideológicos”: “Quitar el aprovechamiento cinegético de los Parques nacionales va en contra de su propia idiosincrasia; la misma que los llevó a mantener ese perfecto estado de conservación”.
Fedex-caza apuesta por una planificación técnica de los recursos cinegéticos, de forma sostenible y respetuosa. “Prohibir su práctica puede suponer que en 2023 las poblaciones de ungulados se multipliquen por 27. Un informe de la Universidad de Extremadura afirma que existe un impacto alto o muy alto sobre el 62,5% de la superficie de Monfragüe en la vegetación y que hay hasta un 72% del territorio con calidad baja o muy baja en los ejemplares de ciervo del parque. Con un exceso poblacional de 1.000 ciervos y 4.000 jabalíes”.
APORTACIÓN INCUESTIONABLE
La aportación de la caza a la economía local de Monfragüe es incuestionable. Es la que genera directamente el propio sector a través de rehalas, postores, muleros… y otros pequeños negocios hosteleros, de restauración, gasolineras…Entre 2007 y 2014 la comarca sufrió la mayor caída de renta de la provincia de Cáceres, como recoge el estudio de Artemisan. Una situación que se está viendo agravada por el coronavirus.
La privación del derecho de caza, según recoge la Ley de Parques Nacionales (LPN) debía ser compensada a sus propietarios con acuerdos voluntarios o con expropiaciones forzosas. Se estima que esto tendría unos costes para el Estado de 320 millones de euros en indemnizaciones, según el citado informe. La prohibición de la práctica cinegética hará que no se generen beneficios- ni se recauden impuestos-. Además, controlar las cabañas va a costar dinero a los ciudadanos.
“Es una tomadura de pelo. No se puede privar a los propietarios de su derecho a cazar en sus propias fincas sin que nadie se ponga en contacto con ellos para hablar de indemnizaciones. Se incumple la Ley porque no hay compensaciones a los propietarios por esta limitación de derechos, pero en cambio sí se aplica la prohibición de cazar”, lamenta Jorge Bernad, abogado de varias fincas particulares de Cabañeros, donde hay más de 20.000 hectáreas de propiedad privada. “Hay una clara dejación de funciones por parte de la Administración. Han tenido seis años para ponerse en contacto con los dueños de fincas e intentar negociar, y están empezando ahora, a unos días vista, a enviar notificaciones”.
Las consecuencias para los propietarios son irreparables, una verdadera expropiación sin compensación alguna. “Son fincas que han pertenecido durante generaciones a las mismas familias y gracias a sus esfuerzos por conservarlas se han dado las circunstancias que han permitido convertirlas en parques nacionales, y el premio a ese esfuerzo es dejarles sin cazar, que es el ingreso fundamental de todas estas propiedades”, señala Bernad.
“La depreciación de las fincas, cuyo principal activo es la caza, va a ser enorme, y el perjuicio ambiental, terrible”. Al final habrá que indemnizarlos, no tiene ningún sentido pagar a unos propietarios para que dejen de cazar y que personal contratado siga cazando en ellas, ya que será imprescindible hacer un control de las poblaciones. Si no, los animales van a arrasar el monte, como ha sucedido en la Sierra de Guadarrama. Parece que nadie se da cuenta del perjuicio para los pueblos de los parques, muy humildes y con pocos recursos, que viven de la caza y ahora tendrán que ir al paro”.
AGONÍA DE LA ESPAÑA VACÍA
Javier Camarera es veterinario y teniente de alcalde independiente de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), uno de los seis municipios del entorno de Cabañeros. La mayoría de sus 883 habitantes son agricultores y ganaderos a pequeña escala. Cada vez menos, las tierras son muy pobres y las monterías, un complemento indispensable para ayudar a la economía local.
“En el pueblo lo vamos a notar bastante. La caza da mucho trabajo: postores, recogida de animales, casas rurales, restaurantes… La repercusión es bastante importante”, señala Camarena, que trabaja de veterinario dentro del parque.
“Una de las cosas que más nos preocupan es que los propietarios tienen bastantes guardas”, prosigue Camarena, “gente joven con niños que vienen al colegio de Horcajos, que está cogido con alfileres y que está recortando profesores. Si despiden a estos guardas que vigilan la caza en fincas privadas, el colegio puede llegar a desaparecer”.
Lo mismo sucede en el resto de parques, una España vaciada que se desangra lentamente. Toril, en Cáceres, es otro de los pueblos que se verá afectado. Eugenio Trebejo, alcalde socialista del municipio, explica también que la caza es una fuente de ingresos importante para la zona. “Ahora no se va a poder ni pescar, es incomprensible. Estamos gobernando el PSOE y un concejal del PP, y sacamos una moción por unanimidad de apoyo a la caza. Hemos tenido reuniones con el Patronato de Monfragüe y seguramente este tema se lleve a la Asamblea de Extremadura y a las más altas instancias para ver si se puede modificar la LPN. Por supuesto que en un parque la caza tiene que ser controlada, pero es necesaria. Si no, Monfragüe se va a llenar de venados y jabalíes que arrasarán la vegetación y después los alrededores”.
CONTROL POBLACIONAL
No todos los afectados por la Ley de 2014 son grandes fincas. Muchos son pequeños cotos o cotos sociales, pertenecientes a un ayuntamiento y explotados por los propios vecinos. Andrés Blázquez es el Presidente de la sociedad de cazadores de Serrejón (Cáceres), a la que pertenecen 90 vecinos. El cazadero tiene una extensión de 6.000 hectáreas, parte de ellas dentro del Parque de Monfragüe. Como gestores, se encargan de cuidar y mantener el equilibrio del ecosistema.
“Damos seis monterías y tres controles poblacionales anuales. Si la prohibición se hace efectiva, con la alta densidad de animales, y ya es un hecho, las reses acabarían bajando a nuestra zona a comer y beber. Aquí somos zona baja de tuberculosis, cuyo foco son los ungulados. La única solución para evitar que salte a animales domésticos es controlar el número de ciervos y jabalíes”, explica Blázquez.
Con la prohibición de la caza comercial y deportiva, habría que introducir nuevos medios para moderar el crecimiento descontrolado de las cabañas. Desde la contratación de cazadores profesionales a cargo del erario público, a la captura en cercones y posterior sacrificio mediante pistola cautiva, como se ve en el vídeo anónimo que ha circulado estos días por las redes sociales.
“Llegará el momento en que los animales no entrarán en los capturaderos y habrá que cambiar de método. El control es fundamental y la Junta de Castilla- La Mancha nos ha prometido que va a continuar. Lo que no entiendo es tanto complejo con la caza, si luego hay que sacrificar a los animales. El resultado es el mismo”, añade.
Este año es el 25º aniversario de la creación de Cabañeros. Durante el proceso de transición a parque nacional no se cazó y la proliferación de animales fue exagerada. “Cuando quisieron poner remedio, tocó hacer unas masacres que no eran de recibo. Matanzas de más de cien animales diarios”, recuerda el veterinario. En unos años la historia volverá a repetirse si no se cambia la LPN.
“Todos los Ayuntamientos vinculados a los parques nacionales están mayoritariamente en contra de la ley”, señala José María Gallardo. “De los ocho municipios que hay en Monfragüe, seis enviaron mociones plenarias instando a la modificación de la LPN, con apoyo de concejales de todo el arco político, del PSOE a Podemos, pasando por PP o Ciudadanos.”
La formación naranja presentó una propuesta para la reforma de la LPN en la Asamblea de Extremadura, que no halló el mismo consenso que a nivel municipal. El PSOE la rechazó y sólo el PP votó a favor. “Sí que hemos encontrado apoyo en Europa”, apunta José María Gallardo. “Karmenu Vella, comisario europeo de Medio Ambiente, avaló en 2018 la caza en parques nacionales. También el Defensor del Pueblo, que apoyó la necesidad de cazar para la conservación de estos espacios, aunque sin carácter comercial”.
INDEFENSIÓN Y TRIBUNALES
Por su parte, los propietarios de cotos también seguirán batallando para defender la caza, como explica Jorge Bernad: Consideramos que es una medida que no tiene justificación ni económica, ni social ni medioambiental. Hay evidente indefensión y se podría recurrir en última instancia a los tribunales europeos, ante el escaso interés que ha tenido la Administración en resolver este tema”.
La Ley y el Ministerio de Transición Ecológica han topado con una posición dispar que hace frente común, y sus representantes son tan duros y persistentes como el monte al que defienden.
Artículo publicado en «El Mundo» el 29 de noviembre de 2020, por Jaime Lázaro
